"Nos cuesta entender la libertad de expresión como política de Estado"

San José/(EFE).- El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, afirmó este miércoles que a los países de Latinoamérica les es difícil comprender que la libertad de expresión debe ser una política de Estado para lograr la convivencia democrática.

"Nos está costando entender que la libertad de expresión debe ser una política de Estado y una forma de convivencia democrática que va más allá del Gobierno de turno, porque este derecho cumple un papel fundamental para la sociedad", afirmó Lanza en una entrevista con Efe.

El relator, quien se encuentra en Costa Rica invitado por el Gobierno para participar de un foro, aseguró que la violencia contra los periodistas, la intención gubernamental de controlar de medios de comunicación y las sanciones penales a comunicadores, son las principales amenazas de la libertad de expresión en la región.

Lanza citó datos del informe anual de la Relatoría que indican que en 2014 hubo 25 asesinatos de periodistas o sus familiares en la región, en países como México, Honduras, Guatemala, Brasil y Paraguay.

La violencia contra los periodistas, la intención de controlar de medios de comunicación y las sanciones penales a comunicadores son las principales amenazas

Además, se registraron un total de 400 agresiones contra profesionales de la comunicación en la región.

"La región está viviendo un momento bastante complejo en los últimos años con varios gobiernos que plantearon una polarización con los medios de comunicación. Si bien los gobernantes tienen el derecho a la libre expresión, también tienen el deber de generar un clima adecuado para su ejercicio", expresó Lanza.

El relator lamentó que en países como Venezuela y Ecuador se perciba un "clima de intolerancia" hacia los medios y voces críticas.

"Hay preocupación por algunas regulaciones de contenidos en los medios de comunicación y aplicación de figuras vagas, abiertas, desproporcionadas e innecesarias en un sistema democrático como en la Ley de Comunicación de Ecuador", aseguró. Lanza afirmó que esa ley "está generando riesgos para la viabilidad de buena parte del periodismo independiente".

El relator cree que la mayoría de los países entiende el papel de la prensa y que no existe una tendencia generalizada a controlar los contenidos de los medios, sino en casos particulares como Venezuela y Ecuador.

"En Venezuela nos preocupa la estigmatización de los periodistas, comunicadores y opositores por parte de altas figuras del Gobierno", apuntó.

También hay "formas indirectas" de control, dijo Lanza, como el "despido y la desaparición de voces críticas en los medios, por ejemplo en México", comentó.

"En Venezuela nos preocupa la estigmatización de los periodistas, comunicadores y opositores por parte de altas figuras del Gobierno"

Asimismo, el relator criticó el uso del derecho penal en países como Honduras, Guatemala y Brasil para enjuiciar a quienes hacen uso de libertad de expresión como periodistas, manifestantes y activistas.

Otro de los puntos que preocupa a la Relatoría es la "reacción desproporcionada frente a la protesta social" en países como Venezuela, México, Brasil y Perú, así como el oligopolios de medios, por ejemplo, en Nicaragua.

Pero la región también tiene avances en la defensa de la libertad de expresión.

Lanza destacó que Colombia y Paraguay han avanzado en iniciativas para un mayor acceso a la información pública, y que México impulsa una Ley de Telecomunicaciones con mejoras en materia de independencia del organismo regulador y una apuesta al pluralismo.

En Uruguay también se ha logrado una ley de Servicios de Comunicación con altos estándares internacionales y Costa Rica pidió la asesoría de la Relatoría para modernizar una vieja ley que regula el espectro radioeléctrico.

Lanza aseguró que la Relatoria goza de una "muy buena relación" con la mayoría de los Estados latinoamericanos y caribeños que "entienden el rol de la Relatoría", aunque con algunos como Ecuador, la situación es "compleja".

"No hay nada en particular con Ecuador por razón de quienes ocupan el Gobierno. El Gobierno de Ecuador ha criticado a la Relatoría y ha buscado mecanismos para que no cumpla su mandato y muchas veces no ha tenido a bien considerar nuestras recomendaciones", expresó.