Las multas de 2.000 pesos por no usar la mascarilla se disparan en La Habana
Se registraron 1.100 infracciones en los dos primeros días de septiembre
La Habana/Solo los dos primeros días de septiembre, con la entrada en vigor de las nuevas medidas en La Habana para contener la pandemia de covid-19, las autoridades repartieron 1.100 multas por no usar la mascarilla, circular sin autorización o ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública.
La prensa oficial destacó que el día 1 se impusieron 108 multas por no llevar o llevar incorrectamente el nasobuco; 11, a choferes de vehículos estatales que transitaban sin autorización; 17, a personas que consumían alcohol en lugares públicos, y 19, por "hacer estancia" en espacios no autorizados.
El día siguiente, las infracciones por el uso incorrecto de la mascarilla llegaron a 325, y otros 11 vehículos fueron inmovilizados por circular sin autorización.
Sin embargo, a pesar del endurecimiento de las normas y el aumento de las multas, las calles siguen repletas durante el día
Los montos de estas multas, tal y como recoge el decreto 14/2020, van entre 2.000 y 3.000 pesos, en un país donde el salario básico es de 400 pesos al mes.
Sin embargo, a pesar del endurecimiento de las normas y el aumento de las multas, las calles siguen repletas durante el día, según ha podido observar este diario, y los habaneros siguen saliendo para nutrir las colas incesantes.
"Se había orientado que iban a controlar la cantidad de personas en las calles y que los ancianos no podían salir", relata una vecina de Carlos III a 14ymedio. "Te aseguro que he visto muchos ancianos en la calle, empezando por los mendigos de siempre".
La misma mujer cuenta que los boinas rojas (fuerzas especiales) empiezan a aparecer por las tardes, antes del toque de queda, establecido a las 7 pm. "Durante el día hay muchos jovenzuelos del Minint [Ministerio del Interior], quizás estudiantes, flacos y malnutridos, que no sé a quién podrían reducir", ironiza.
En un informe publicado el 2 de septiembre, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que el Gobierno está aprovechando la crisis sanitaria derivada del covid-19 "para extremar los mecanismos de control sobre la población, por medio de multas desproporcionadas y persecución de determinadas actividades económicas".
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